Tras oficializarse el aumento de peajes en las autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, también se conoció que las que opera el gobierno de la provincia tendrá un correlato similar.
Tanto la Autopista Buenos Aires-La Plata como el corredor vial que conforman las rutas que llegan a la Costa Atlántica, suben sus tarifas nuevamente.
En ese marco, la Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó a la Provincia que explique los por qué de la última suba y también cuáles son las obras que está llevando adelante para mejorar el tránsito en las rutas.
Cabe recordar que en particular, la ruta 11 que sirve de acceso al Partido de La Costa, arrastra desde hace años la falta de inversión en obra y mantiene incumplida la promesa (reiterada por María Eugenia Vidal) de convertirla en una autovía como lo es actualmente la ruta 2 que llega a Mar del Plata.
La 11 no sólo aun tiene doble circulación, sino que además, en el tramo que va desde General Conesa hasta General Lavalle, ni siquiera cuenta con banquinas pavimentadas.
En cuanto al mantenimiento de los corredores viales costeros, además, hubo en estos últimos meses un notorio deterioro no sólo de la cinta asfáltica sino también de detalles tan sencillos como el corte de pasto de los laterales, que antes se observaban en mejor estado.
Puntualmente, el organismo que conduce Guido Lorenzino puso el foco, mediante una investigación de oficio, en las subas que el gobierno provincial aplicó en la Autopista Buenos Aires ? La Plata y en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, trazados concesionados por Autopistas de Buenos Aires (Aubasa).
Es por eso que la Defensoría le reclamó tanto a esa empresa como a la Secretaría de Servicios Públicos que expliquen cuáles fueron los fundamentos técnicos y económico-financieros para decidir los aumentos, y cuáles son las obras que se realizarán como así las que tienen proyectadas para estas rutas.
"El desmedido incremento afecta a los usuarios de las autovías provocando un fuerte impacto sobre la economía cotidiana de quienes las utilizan diariamente, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las personas que por allí circulan lo hacen para arribar a su trabajo", sostuvo Lorenzino a la hora de explicar la medida.
Las resoluciones que cuestionó la Defensoría son las 78 y 79/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, que ya fueron publicadas en el Boletín Oficial, las que según el organismo no brindan una información adecuada y veraz de los alcances de los aumentos, ni refiere qué costos han incrementado de tal forma la tarifa.
Además, Lorenzino evaluó que "corresponde evaluar la legalidad y la razonabilidad del aumento, ya que no se explica cómo se puede estipular una suba entre el 20 y el 66%, cuando el Ejecutivo acordó un aumento salarial para los trabajadores de la Provincia del 18%, en tres tramos, y fijó la pauta de inflación en el mismo porcentual, por lo que resulta indispensable conocer el criterio con el cual se autorizó ese incremento".
A la par de la presentación de la Defensoría, Lorenzino recibió a representantes de la Unión de Usuarios Viales, en un encuentro donde se puso de manifiesto esta situación, y se analizó la importancia de fortalecer el vínculo a la hora de monitorear el estado de las rutas de la Provincia.
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